Una revisión del marco conceptual del enfrentamiento guerrilla - Estado, desde su visión más abstracta, nos es suficiente para trazar una ruta segura hacia su exterminio. Basta con reconocer sus motivaciones históricas, emergidas en un  contexto social caótico y un marco político caracterizado por restricciones de inclusión e infortunados direccionamientos administrativos.
Desde esa visión, científica, si se quiere, la guerrilla es un actor político que se alza en armas en contra de un Estado que le es ilegítimo en respuesta a la incapacidad de este último para construir el modelo de sociedad que ha idealizado. Así, basta con producir un redireccionamiento político desde la institucionalidad y bajo las condiciones constitucionales requeridas capaces de responder a dichas reivindicaciones sociales, lo que destruiría su plataforma. El conflicto colombiano, cuyas particularidades se distancian de un marco teórico apreciable en la praxis, merece otras consideraciones, que impiden vislumbrar soluciones a partir de esta concepción teórica.
La lucha armada en Colombia ha sufrido diversas transformaciones que han afectado, desde sus motivaciones hasta sus mecanismos de operación. Si en principio su objetivo era meramente defensivo, una acción contestataria en contra de la agresión del Estado y otros actores violentos emergentes (bajo la lógica del enfrentamiento bipartidista), los intereses de su lucha fueron adquiriendo matices ideológicos mucho más precisos y distintos a los precedentes, en virtud a demandas sociales adicionales que surgían en su propio nicho. Esto les llevó a  adoptar una plataforma política a través de la cual pasarían de la defensa al ataque frontal en contra del poder establecido y en pro de su toma.  Hasta mediados de los años ochenta, la lucha armada mantuvo una clara proclama de humanización  que permaneció por encima de los propósitos militares, pero, desde entonces, han aparecido nuevos elementos que, como el narcotráfico, transformaron las condiciones de su existencia.
El Estado, por su parte, no ha sido capaz de atender a las demandas sociales que convocan a la subversión, aún contando con los mecanismos constitucionales que le permiten hacerlo desde la institucionalidad. En ninguno de los tres momentos se tejió una propuesta estatal eficaz en la tarea de  combatir esos dramatismos sociales como razón de ser de la lucha armada, y se eligió la vía militar como único vehículo para atacarla.
En un principio, el Estado se mostró incapaz de atacar el problema  políticamente, debido a que éste mismo fue partícipe y patrocinador de la guerra bipartidista; en el segundo momento, cuando las acciones guerrilleras se dirigían tanto  a elites de uno como de otro partido, el Estado se encontraba en manos de ambas fuerzas que, coaligadas, se preocuparon más por mantener el reparto del poder que por atender la hecatombe social producida en el país; con la aparición del narcotráfico todas esas problemáticas se ahondaron, luego de que sus suntuosos capitales se filtraron en todo el aparato Estatal, en los grupos económicos y hasta en las organizaciones guerrilleras, provocando un nuevo distanciamiento entre la praxis del conflicto y su conceptualización.
Hoy, esta confrontación encuentra a dos actores teóricamente carentes de legitimidad. Por un lado, existe un Estado que se ha visto sometido por la acción de fuerzas beligerantes e ilegales que degeneran el funcionamiento de toda su estructura, restándole cada vez más la capacidad de representar los intereses de sus ciudadanos. Mientras tanto, encontramos una guerrilla que, impotente en el sostenimiento de un movimiento de base capaz de solidificar las condiciones revolucionarias, ha hecho prevalecer objetivos militares sobre su propósito político, cayendo en algunos de los actos misantrópicos que atacó desde su origen.
Un sometimiento de la subversión a corto plazo se hace casi impensable, teniendo en cuenta las visibles carencias del Estado para cortar sus raíces, ya sea desde el consenso que exige un trato político del asunto o desde la posición militarista que siempre ha planteado. Incluso si ese panorama político fuese depurado y el Estado lograse reivindicar la originaria causa altruista de las guerrillas, queda en entredicho que estas dejen de operar, teniendo en cuenta los intereses surgidos en el camino, que hoy parecen imponerse sobre la plataforma que les vio nacer.

Por Giovanni González Arango