Si todos están en contra de alguien, ¿quién está a favor de la paz?

La posible liberación del exsenador Jorge Eduardo Géchem, por parte de las Farc, indica que la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez en una eventual negociación con esa organización guerrillera podría traducirse en el inicio de un esperanzador camino hacia la paz. Cabe preguntarse qué hay detrás de las nobles intenciones del líder bolivariano y el por qué de la respuesta renuente de las huestes uribistas.

     La noticia se sucede en medio de la expectativa producida por el anuncio de la liberación de los otros tres secuestrados, según lo aseveran los alzados en armas, en aras de reivindicar la imagen del primer mandatario venezolano. Luego de una guerra mediática que atizó odios enfermizos en contra de Chávez, las Farc se esfuerzan por convencer a la opinión de que las intenciones del presidente de la hermana nación no son distintas a las de  producir un acercamiento entre el gobierno colombiano y la insurgencia.

    Resulta evidente que la mediación de Chávez en el conflicto armado colombiano responde a pretensiones políticas precisas, más que al simple deseo de contribuir a la paz de Colombia. Si bien en su iniciativa se vislumbra un claro deseo de reivindicar el diálogo como la salida más indicada a la guerra intestina que vive el país, también deja a las claras su intento por despertar las por estos días poco probables simpatías hacia su gobierno, en un territorio geoestratégico esencial que, como Colombia, parece ser el último reducto importante de la derecha en Latinoamérica.

    Pero aunque su iniciativa pueda ir acompañada de intereses políticos, bien vale reconocer que tal oportunismo recoge una plataforma más humana, que se enfrenta con un oportunismo menos visible, pero terriblemente más destructivo como el del gobierno colombiano: interesado en conquistar el apoyo popular hacia el exterminio de las tendencias políticas que le disienten, más que en generar la pacificación del país.

    A través de todo tipo de artimañas y a la voz de inverosímiles llamados a la reconciliación, los organismos gubernamentales colombianos se han empeñado en generar el absoluto rechazo de la opinión hacia el chavismo y hacia todo tipo de oposición, como si esta representase una grave amenaza a los intereses de la nación, mientras, bajo el respectivo soslayo de los medios y la coalición uribista, se empieza a promover una reforma constitucional que permita una reelección indefinida del actual gobierno.

    Por otro lado, si bien las impertinencias del propio Chávez han sido el caldo de cultivo de la vehemente crítica que de él han realizado los medios nacionales, resulta evidente también que muchos de los elementos puestos en el debate carecen de fundamento. Son más el resultado de una campaña de desprestigio suscitada desde el uribismo, encaminada a satanizar el esfuerzo de un gobierno realmente interesado en la paz -aunque su propósito ulterior sea el de conquistar indulgencias-.

    En síntesis, los últimos acontecimientos descubren dos realidades soterradas por los medios de comunicación e ignoradas por la opinión: Mientras el gobierno colombiano deroga su deber constitucional de atacar las condiciones objetivas de la guerra –y ello implica también el esfuerzo por promover estrategias que reduzcan los factores de riesgo a los que se pueda ver sometida la población civil en medio del conflicto armado-, la mediación del estadista venezolano en la liberación de los secuestrados demuestra que el diálogo es una salida más humana y de menor costo, aún cuando su motivación sea menos altruista.

Por Giovanni González Arango